El 62% de los latinoamericanos cree que la corrupción aumentó en su país en el últimos año, 25% cree que se mantuvo igual y el 10% evalúa que disminuyó, según la encuesta anual de la organización Transparencia Internacional.
Según sus datos, México figura al tope del índice de soborno en América Latina y el Caribe, seguido por República Dominicana, Perú, Venezuela y Panamá.
El ranking se elabora de acuerdo al porcentaje de personas encuestadas que reconocen haber tenido que pagar un soborno para acceder a algún servicio público.
En concreto, la pregunta que hacen los encuestadores de Transparencia Internacional es: ¿Cuán a menudo ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hace una favor a un docente o un funcionario escolar; un funcionario gubernamental para obtener un documento; un funcionario gubernamental para recibir servicios públicos; un policía, un juez o un funcionario judicial; o no lo ha hecho nunca?
Así, el 51% de los mexicanos reconocen haber tenido que pagar soborno en los últimos 12 meses, lo mismo que el 46% de los dominicanos, el 39% de los peruanos y el 38% de los venezolanos y panameños. En el otro extremo de la tabla, apenas el 11% de los brasileños y el 10% de los argentinos dicen haber pagado un soborno en el último año. Una incógnita legítima es si efectivamente no lo han hecho o simplemente no lo reconocen ante el encuestador.
¿Qué tan bien o tan mal está actuando su gobierno en la lucha contra la corupción?
Otra parte del trabajo apunta a conocer la percepción general sobre lo que está ocurriendo en el país, más allá de la experiencia personal. Así, Venezuela encabeza ese ranking, ya que un 87% de los encuestados creen que la corrupción ha aumentado en el país en el último año. Lo siguen Chile (80%), Perú (79%) y Brasil (78%). En el otro extremo de la tabla, "sólo" el 41% de los argentinos cree que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses.
¿Cuáles son los servicios públicos más afectados por la corrupción en América Latina? El 20% reconoce haber tenido que pagar un soborno para acceder a la atención médica en un hospital público, un 18% lo tuvieron que pagar en la escuela pública, un 17% para acceder a algún documento de identidad, un 16% a la policía, un 14% para acceder a servicios como agua, gas o electricidad y un 12% en los tribunales.
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